administración moderna

Nueva gestión pública[editar · editar código]

Es una serie de reformas administrativas que involucran una gestión por objetivos que usa indicadores cuantitativos, uso de la privatización, separación entre clientes y contratistas, la desintegración de instituciones administrativas tradicionales, el enfoque de estados como productor de servicios públicos, uso de incentivos en salarios, costos reducidos y mayor disciplina presupuestaria. Usa la evaluación como instrumento para mejorar el proceso.[12]

La nueva gestión pública tiene cuatro métodos:

  • La delegación de la toma de decisiones en jerarquías inferiores como agencias operativas, organismos regionales, gobiernos subnacionales pues éstos están más próximos al problema y tienen objetivos más claros.
  • Una orientación hacia el desempeño que comienza desde los insumos y el cumplimiento legal hasta los incentivos y los productos.
  • Un mayor orientación hacia el cliente bajo las estrategias de informar y escuchar al cliente para comprender lo que quieren los ciudadanos y responder con buenos servicios.
  • Una mayor orientación de mercado, aprovechando los mercados o cuasi-mercados (a través de contratos de gestión y personal), la competencia entre los organismos públicos, el cobro entre los organismos y la externalización, mejoran los incentivos orientados al desempeño.[13]

Así, la dirección de las reformas es:

  • Una ordenación más estratégica de las políticas públicas.
  • Separadora del diseño de las políticas de la implementación, o el financiamiento de la provisión.
  • Un sistema de gestión financiera que haga énfasis en los resultados, entregue un costeo completo, contabilice todos los insumos y los productos, y que al mismo tiempo descentralice los controles de gastos ex ante; comúnmente, los controles se hacen menos específicos (categorías presupuestarias más amplias, por ejemplo) y no se eliminan los controles externos, sino que se cambian de ex ante a ex post.
  • Un sistema de personal descentralizado que ponga mayor énfasis en la gratificación por el desempeño.[14]

A continuación se hará un breve desmenuzamiento teórico de la nueva gestión pública. La filosofía, ideología de la gestión pública, es el punto de contacto entre el nuevo institucionalismo y la gerencia profesional. A la vez, vincula al nuevo institucionalismo a: teoría de la elección pública, teoría de coste de transacción y la teoría de agencia. En éstas, si nos centramos en la administración pública, persiguen la competencia, elección, transparencia, y control (Hood, 1991. p: 5-6). Elección Pública: Según Downs, es la introducción de la economía en la ciencia política en busca de la eficiencia, y un enfrentamiento directo con la burocracia administrativa weberiana. Son objeto de crítica también los monopolios que la burocracia pública genera (Downs, 1967). Esta corriente teórica, también tiene planteamientos en modalidad de propuesta para aumentar la eficacia y evitar la eficiencia de la burocracia; no basta con pasarlo a manos privadas, se debe buscar mecanismos que ingresen lógicas de mercado independiente de si es público o privado. (Buchanan, 1954, p: 334) En este sentido, (Niskanen, 1971, p: 78) propone: a) Más competencia en el desarrollo de los servicios públicos. b) Privatización o contratación externa para reducir el gasto c) Mayor información sobre la viabilidad de las alternativas de los servicios públicos ofertadas en bases competitivas y de acuerdo con costes comparados d) controles más estrictos sobre la burocracia. Costes de transacción: La postura de esta teoría gira en torno a fallas de la anterior, como mencionamos anteriormente, la elección pública considera la lógica de mercado la panacea para dar solución a los problemas de ineficiencia de las burocracias clásicas. La teoría de costes de transacción advierte que las transacciones de los intercambios realizados en el mercado tienen costes que son un coste adicional, asociados a la firma de contratos, control de resultados y comportamiento de las partes contractuales. Todos estos costes varían según las decisiones de los gestores que participan, por ende, los costes que genera la competencia deben ser discutidos de acuerdo a, por ejemplo: si la producción de los activos específicos son muy importantes y genera incentivos para que las partes muestren un comportamiento oportunista, los potenciales usuarios puede reducir y/o la demanda futura volverse incierta. Es así, que la arquitectura de la organización administrativa se hará en función de los costes de transacción; cuanto mayor sean los costes de producirlo de forma externa, más convendrá producir al interior de la organización pública. Neo-Taylorismo: Es una posición teórica sistémica por definición, “…la causa de una mala gestión tiene que ver con la administración en sí misma” (Sánchez, I. 2007. p: 40) Para un buen sistema de gestión es necesario una reinvención del gobierno, esto se logra cambiando su propósito, incentivos, responsabilidades, estructura de poder y cultura. Esto se efectiviza a partir de: a) Separación entre política y gestión b) Reducción de normas de actuación, especialmente las referidas a los órganos directivos, pues se persigue el gerencialismo o profesionalización del gestor. c) Incremento del control económico y financiero que permite exigir responsabilidades personales d) Introducción de mecanismos incentivadores para premiar logros y sancionar fallos. La teoría de la agencia: es un conjunto de contratos entre un individuo (principal) que contrata a otro (agente) delegando en éste determinada tarea. Esto se define como la divergencia de la función de utilidad de cada uno. Esta teoría debe ser concebida sabiendo que el agente probablemente cuente con mayor información (información asimétrica o preferente) que dificulte el control exhaustivo del principal. (Gimeno Ruiz, 1997, p: 47). La delegación sucesiva que se da en el ámbito privado hace de esta teoría un entramado de cadenas donde el agente y el principal son difíciles de identificar. Ciudadanos Político Gestor Además de esta relación debemos sumarle la que se genera entre administraciones. i) Es así entonces, que el ciudadano “elige” a sus representantes políticos “de acuerdo” a un programa electoral. Esto deriva en una relación de agencia: Ciudadanos Político ii) Los agentes políticos se encargan de armar las estrategias y programas de políticas fijando objetivos a alcanzar (en el mejor de los casos) La relación: Político Gestor deja en evidencia la relación de agencia ya que son numerosos los factores que pueden generar desviaciones de los gestores frente a las pautas marcadas por los políticos. Por ejemplo; la bibliografía presupuestaria nos permite ver que es común que la función de utilidad de los gestores está dada por el incremento de poder, número de niveles jerárquicos bajo su (agente-gestor) mando, su vinculación con la escena política, etc. Es decir, el anteponer esta función de utilidad -la del gestor- frente a los objetivos políticos, es un claro ejemplo de asimetrías de información. Obviamente estamos partiendo de la base de que no tenemos controles exhaustivos de gestión. A esta relación de agencia, hay que aportarle que hay múltiples mecanismos para que exista la relación ciudadano-administración que, a su vez, incrementa los incentivos para las desviaciones de los objetivos del principal inicial (político). A este fenómeno le llamaremos el tercer eslabón de la cadena

Ciudadanos con diferentes intereses, información y poder